Los tribunales han obligado a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y al Tribunal de Cuentas a repetir sendos concursos públicos para la adjudicación del servicio de limpieza de sus respectivos edificios y dependencias por estar licitados por debajo de coste.

La Asociación  Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), patronal estatal del sector de limpieza de edificios y locales, interpuso sendos recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid al advertir que el presupuesto base de licitación era insuficiente en ambos casos para cubrir íntegramente los costes laborales, si se aplicaba lo dispuesto en el convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid.

En el caso del Tribunal de Cuentas, el presupuesto inicial de licitación, de 230.000 euros, no alcanzaba para sufragar los costes laborales de los 20 trabajadores que, según los pliegos de condiciones, eran necesarios para la prestación del servicio.

Una vez interpuesto el recurso por parte de Aspel, el organismo público reconoció un error relativo al número de empleados, siendo tres menos los requeridos para la prestación del servicio. La Justicia ha ordenado así subsanar este error para que el presupuesto base de licitación se adecúe a lo establecido en el convenio y sea suficiente para cubrir íntegramente los costes laborales.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid ha anulado el concurso centralizado de limpieza de un centenar de inmuebles de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, después de analizar los pliegos de condiciones.

Según los cálculos de Aspel, el importe máximo por hora para la prestación del servicio era inferior al coste de subrogar al personal, sin incluir otros costes derivados de la sustitución de la plantilla por vacaciones o de las posibles sustituciones por absentismo, que también eran exigidos en los pliegos de prescripciones técnicas.

La justicia ha tomado así en consideración las advertencias de la patronal, si bien sólo lo ha hecho para siete de los nueve lotes en los que se dividía el concurso de limpieza de los centros de estudios y dependencias administrativas de la Consejería de Educación.

TAMBIÉN EN HOSPITALES Y AYUNTAMIENTOS

La anulación de estos dos concursos se suma a la del pasado mes de julio, cuando la Comunidad de Madrid invalidó el concurso centralizado de limpieza de nueve hospitales de la región. En aquella ocasión, Aspel demostró al tribunal que los 80,7 millones de euros de presupuesto no eran suficientes para pagar los sueldos de los trabajadores y tampoco se tenían en cuenta otros aspectos como las vacaciones o la tasa de absentismo laboral, que ronda actualmente el 12%.

El Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid anuló también en el mes de octubre los concursos de limpieza de los edificios de los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Torrelodones. Ambos consistorios tendrán que hacer una nueva licitación del servicio de limpieza de sus dependencias municipales, después de que la patronal estudiase los pliegos de condiciones y advirtiese, igualmente, que el presupuesto base de licitación de era insuficiente para cubrir íntegramente los costes laborales.

DICTADURA DEL PRECIO

Con la interposición de estos tres recursos, Aspel continúa la batalla emprendida el pasado mes de enero con la publicación del estudio ‘La dictadura del precio’, elaborado por la consultora Deloitte, en el que mostraba su disconformidad en contra de los concursos de contratación que se publican con un precio de licitación por debajo del coste laboral.

En dicho informe, Aspel exigía que se modifique la actual legislación en materia de contratación pública, de manera que se fije previamente un precio de salida mínimo que soporte los costes de personal, sobrepasado el cual, las entidades concursantes puedan competir. Asimismo, pedía que se endurezca la normativa para excluir directamente de los concursos públicos a aquellas empresas cuyos precios no soporten este coste de personal así como los demás costes necesarios para la prestación del servicio, como los materiales consumibles.

Debido a la alta representatividad de la mano de obra en el sector, una bajada en los precios se traduce en una progresiva pérdida de puestos de trabajo y en una notable disminución de la calidad del servicio. Además, esta precarización lleva asociadas otras consecuencias negativas para el sector como el deterioro de las infraestructuras u operar bajo estándares de limpieza no óptimos para la salud laboral, entre otras.