Dos asociaciones gremiales españolas que representan a los empresarios del sector de la limpieza profesional han pedido conjuntamente al Gobierno que acepte la corrección de las condiciones financieras contractuales. No hacerlo en el actual clima inflacionario, advierten, supone un riesgo para la estabilidad de millones de trabajadores.

La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y la Asociación de Federaciones de Empresarios Nacionales de Limpieza (AFELIN) proponen reformas a la Ley de Desindexación de la Economía. 

Se trata de un marco legal que actualmente impide a las empresas de limpieza actualizar los precios de los contratos ya celebrados con el Gobierno.
Según ellos, la situación representa un verdadero problema financiero para las empresas debido al aumento de los costes: inflación creciente, aumento del salario mínimo y de las cotizaciones a la seguridad social, costes de la energía, etc. Según ellos, muchas empresas de servicios que trabajan para el gobierno operan con pérdidas.

Una reforma de la ley permitiría a las empresas trasladar los aumentos de precios asociados a los contratos de limpieza sin poner en peligro la estabilidad de miles de trabajadores.

En España más de 570.000 personas trabajan en el sector de servicios de limpieza y existen casi 36.000 empresas (en su mayoría pymes). El sector representa el 1,05 por ciento del PIB y el dos por ciento de todos los empleados del país.    

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